El 14 de octubre, agentes antidisturbios de la Policía Nacional intervinieron contra un piquete informativo durante una huelga y un paro académico en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estudiantes y trabajadores universitarios que se dirigían pacíficamente a la Facultad de Ciencias Químicas resultaron heridos, fueron arrestados o quedaron detenidos. Según el relato, la universidad no había solicitado el operativo, que vincula el incidente con un debate más amplio sobre la presencia policial en los campus y la autonomía de las universidades.
La autonomía universitaria no es solo una garantía legal o administrativa, sino también la capacidad de una comunidad para tomar decisiones, organizarse y gestionar las disputas mediante sus propios procesos. En España, el activismo estudiantil durante la época franquista contribuyó a que la autonomía universitaria quedara consagrada como derecho fundamental en la Constitución de 1978. El relato sostiene que esta autonomía puede debilitarse tanto por la intervención policial como por los recortes que dejan a las universidades públicas con menos recursos y menor capacidad de actuación.
El artículo describe una expansión más amplia de la participación policial en la educación: desde agentes que trabajan en escuelas y charlas en las aulas impartidas por la policía hasta carreras y programas de posgrado relacionados con la policía que ofrecen universidades públicas. Sostiene que estas iniciativas pueden normalizar a la policía como autoridad en cuestiones sociales e introducir enfoques centrados en la seguridad y el castigo en los debates sobre los conflictos.
El autor también señala un desequilibrio entre las instituciones: las universidades públicas afrontan presiones financieras, mientras que las instituciones policiales obtienen recursos y oportunidades para establecer programas educativos. Desde esta perspectiva, las universidades pueden otorgar legitimidad cultural a la policía, del mismo modo que los programas vinculados a la policía pueden proporcionar una fuente de financiación a las universidades.
La alternativa propuesta consiste en abordar colectivamente las disputas en los campus, mediante la deliberación y respuestas compartidas, en vez de recurrir por defecto a la culpabilización y el castigo. El argumento no es simplemente que la policía deba mantenerse fuera del campus, sino que la actuación policial no debe convertirse en la forma dominante de gestionar allí los conflictos.
Fuentes: El País Sociedad.