El personal y los estudiantes de las seis universidades públicas de Madrid han sido convocados a la huelga el miércoles y el jueves por los recortes del Gobierno regional. La movilización, organizada por la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, reúne a sindicatos como CCOO, UGT, CGT y CNT, así como a grupos estudiantiles. Es independiente de la huelga que mantiene el personal de educación no universitaria de la región.

La huelga se produce tras un acuerdo de financiación firmado en marzo por los rectores universitarios y la Consejería de Educación regional. El pacto prevé una inversión de 14.800 millones de euros en campus públicos hasta 2031, pero los organizadores afirman que no ha resuelto el conflicto. Sostienen que solo está garantizada una pequeña parte de la financiación prometida, mientras que otras cantidades están asignadas a fines específicos o vinculadas al cumplimiento de objetivos.

Los grupos afirman que la inversión de Madrid en universidades representa el 0,4% del PIB regional, frente a las cifras nacionales y europeas del 0,75% y el 0,92%, respectivamente. Quieren que el Gobierno regional cumpla el objetivo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de España de destinar a las universidades el 1% del PIB para 2031. Su propuesta es aumentar la financiación en 0,13 puntos porcentuales del PIB cada año.

La plataforma ha formulado alrededor de diez reivindicaciones, entre ellas mejores salarios, estabilidad laboral, promoción profesional y la sustitución de cada trabajador que se jubile. También exige el fin de los contratos precarios, plena libertad académica para investigar y planificar los cursos, y una menor intervención del Gobierno regional y de la policía en la vida de los campus.

Varias reivindicaciones se centran en lo que los organizadores describen como la privatización de la educación superior en Madrid. La región cuenta con 14 campus de universidades privadas, frente a seis públicos. Los grupos quieren que el Gobierno regional deje de promover la educación privada y gestione las universidades como un servicio público. También piden la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

La Consejería de Educación regional afirma que el plan de financiación permitirá contar con el mayor presupuesto universitario de la historia de la región. Sin embargo, los grupos universitarios sostienen que la asignación básica solo aumentará un 5% y que el gasto seguirá representando el 0,39% del PIB en 2031.

La huelga está abierta al personal docente e investigador, al personal administrativo y de servicios, y a los estudiantes de las seis universidades públicas. El miércoles y el jueves habrá servicios mínimos, que no incluirán la docencia. No se impartirán clases si el profesor no asiste o si no acude ningún estudiante.

Fuentes: El País Sociedad.