Las negociaciones mundiales sobre biodiversidad en la COP17 de Ereván, Armenia, concluyeron con acuerdos descritos como avances, pero criticados por organizaciones medioambientales por considerarlos demasiado limitados. Los delegados clausuraron la reunión alrededor de las 10:30 a. m., después de una sesión nocturna marcada por desacuerdos y por la preocupación de que la conferencia pudiera perder el quórum, en un eco de los problemas de la cumbre anterior en Cali, Colombia.

El ministro de Medio Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, ayudó a impulsar las discusiones finales al pedir a los delegados que indicaran sus posiciones con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. No obstante, las negociaciones pusieron de manifiesto las divisiones sobre la participación y el papel en la toma de decisiones de los pueblos indígenas, así como sobre el uso de lenguaje relacionado con el género. Indonesia se opuso a las normas relativas a la representación indígena, mientras que Argentina intentó sin éxito eliminar las referencias al género.

Los acuerdos finales también emplearon un lenguaje considerado débil en lo relativo al reconocimiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, conocida como IPBES. Suiza, en nombre de 55 países, incluidos los miembros de la Unión Europea y Colombia, criticó la politización de las cuestiones científicas y afirmó que la ciencia debería constituir la base de la formulación de políticas.

La COP17 tenía dos objetivos centrales: establecer una vía para cumplir 23 metas de biodiversidad para 2030 y determinar cómo se financiarían esos objetivos. Los acuerdos reconocieron la necesidad de acelerar la implementación y cerrar la brecha financiera, pero no especificaron cómo se lograría, de dónde procedería el dinero ni qué países lo aportarían.

Las conversaciones también reconocieron la necesidad de reducir o redirigir los subsidios perjudiciales para la biodiversidad. Sin embargo, el texto final solo alentó a los países a actuar y no estableció una vía clara. Una de las metas objeto de revisión es movilizar al menos 200.000 millones de dólares al año para la biodiversidad de aquí a 2030, junto con una reducción de los subsidios perjudiciales de al menos 500.000 millones de dólares durante el mismo periodo. El secretario general de la ONU, António Guterres, había advertido que menos de la mitad de las 23 metas estaban actualmente encaminadas a cumplirse.

Varias decisiones importantes se aplazaron hasta la COP18 en Ecuador. Entre ellas figura una evaluación del fondo mundial para la biodiversidad creado en 2023, que ha sido criticado por los limitados recursos que ha desembolsado y por estar administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La conferencia también aplazó las decisiones sobre cómo recaudar y distribuir los beneficios económicos generados por las empresas que utilizan información genética digital pública.

La secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, afirmó que la reunión de Armenia generó impulso para el diálogo sobre los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y que, con el tiempo, podría conducir a acuerdos más vinculantes. Sin embargo, los críticos describieron la COP17 como un ejercicio de demora diplomática, en el que las cuestiones más decisivas quedaron para la próxima conferencia.

Fuentes: El País Sociedad.